Brasil/ El Gobierno brasileño estudia sacar de su vasto plan de privatizaciones y concesiones al aeropuerto de Congonhas, el segundo mayor del país en número de pasajeros, situado en Sao Paulo, informaron fuentes oficiales.

El ministro de Transportes de Brasil, Maurício Quintella, presentó al presidente Michel Temer análisis de consultorías y estudios de aviación civil que demuestran que "sin los ingresos del aeropuerto de Congonhas", la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero) "pierde la sostenibilidad financiera".

El aeropuerto de Congonhas fue incluido en agosto pasado en un amplio plan de privatizaciones y concesiones anunciado por el Gobierno, que contenía 57 activos entre empresas públicas, terminales aeroportuarias, líneas eléctricas y autopistas. La previsión del Gobierno era recaudar 14.000 millones de dólares que servirían para reducir el abultado agujero en las cuentas públicas del país.

Gobierno de Brasil estudia sacar de plan de privatizaciones al aeropuerto de Congonhas
Gobierno de Brasil estudia sacar de plan de privatizaciones al aeropuerto de Congonhas

Entre los bienes que serían puestos a disposición del sector privado había 14 aeropuertos, entre ellos el de Congonhas, que se convirtió en uno de los activos más atractivos de la lista, junto con Eletrobras y la Casa de la Moneda.

Quintella manifestó que de conceder la terminal paulista, "los otros aeropuertos del Sistema Infraero podrían ser inviables".

"Ante esto, el Gobierno evalúa la concesión de Congonhas, siguiendo única y exclusivamente la argumentación técnico-financiera del Ministerio, sin interferencias políticas externas", añadió la nota.

Esta afirmación parece responder a una noticia publicada este viernes por la Folha de Sao Paulo, en la que se afirma que Temer prometió a un dirigente del Partido de la República (PR) retirar Congonhas del plan de privatizaciones a cambio de apoyo para rechazar la denuncia que pesa contra el mandatario.

Temer ya fue denunciado hace unos meses por la Fiscalía por un supuesto delito de corrupción pasiva, cargo que fue rechazado y archivado en agosto pasado por el pleno de la Cámara de Diputados, donde Temer conserva, por el momento, una sólida y amplia mayoría. 

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